El régimen jurídico de la arqueología industrial | ✎ María del Rosario Alonso Ibáñez

Antigua hilatura Motte-Bossut de Roubaix, de ladrillo, con torres almenadas y chimenea

FOTO: Antigua hilatura Motte-Bossut de Roubaix (Francia), hoy sede de los Archivos Nacionales del Mundo del Trabajo. © Velvet (CC BY-SA 3.0). Fuente: Wikimedia Commons

➔ Resumen del artículo publicado en el nº 1 (2.ª época) de la Revista Ábaco

María del Rosario Alonso Ibáñez
Profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo

Cuando la reestructuración de la siderurgia y la minería deja tras de sí máquinas desguazadas, edificios abandonados y poblados obreros convertidos en vestigios, cabe preguntarse qué amparo ofrece el derecho a esta clase de bienes. María del Rosario Alonso Ibáñez aborda una cuestión apenas estudiada en su momento: la protección jurídica del patrimonio industrial, expresión que la autora prefiere a la de arqueología industrial, porque el campo ha desbordado ya el marco inicial de los restos de la revolución industrial.

El texto reconstruye primero la evolución de la sensibilidad hacia estos bienes: de la atención casi exclusiva a máquinas y herramientas, objeto de una conservación museística, a la inclusión de las construcciones industriales y mineras y la arquitectura del hierro, y finalmente a la urgencia, provocada por la crisis y la reconversión, de dar nuevos usos a edificios incorporados al paisaje de sus localidades. El Consejo de Europa y la Comunidad de Regiones de Vieja Industria aparecen como marcos de esa toma de conciencia.

El diagnóstico es claro: no existe una legislación específica, ni estatal ni autonómica, para las necesidades singulares de este patrimonio. Su única protección procede de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, que, al incluir los bienes de interés científico o técnico, permite integrarlo en sus distintas categorías: desde el deber general de conservación hasta los bienes de interés cultural o el inventario general, pasando por el patrimonio arqueológico cuando proceda.

La autora valora favorablemente el arsenal de instrumentos que la ley pone en manos de las administraciones, pero advierte de su punto débil: es una norma llena de habilitaciones y escasa en obligaciones exigibles. La protección del patrimonio industrial se encuentra, concluye, donde estaba la del patrimonio arquitectónico veinte años atrás, y requiere sensibilización, formación especializada y una decidida voluntad política.

El artículo completo está disponible en el número 1 (2.ª época) de la Revista Ábaco.
Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.

Scroll al inicio