➔ Reseña publicada en el nº 128-129 de la Revista Ábaco
Cómo terminó la guerra civil española
Gutmaro Gómez Bravo
Editorial Crítica, colección «Tiempo de Historia».
Barcelona, 2026. 400 páginas,
ISBN 978-84-9199-852-5.
Como es sabido, la unificación de las fuerzas políticas sublevadas fue impuesta en abril de 1937, mediante un decreto que las subordinaba al mando único de Francisco Franco. Menos conocido es que en el Madrid republicano la unificación no se consumó hasta el 27 de enero de 1939, al día siguiente de la caída de Barcelona, en una reunión secreta celebrada en la embajada británica, espacio facilitado por los buenos oficios de su agregado de prensa, Bernard Malley. Allí estamparon su firma dos falangistas, dos carlistas y dos representantes de Acción Católica, Vicente Mayor y José María Taboada Lago. Estos últimos actuaban en nombre del Consejo Asesor, un organismo clandestino creado por mandato directo de Franco a través de su servicio de información y constituido cinco semanas antes mediante juramento ante crucifijo en el despacho del notario Eduardo López-Palop, en el número 3 de la calle de la Lealtad, la misma calle en que tenía su sede el Comité Central del Partido Comunista.
El final de la Guerra Civil fue producto de una operación de inteligencia militar planificada y ejecutada desde el Cuartel General de Burgos, cuyo objetivo principal radicaba en asegurar la ocupación ordenada del territorio enemigo, así como de sus instituciones y su población. Tal es la tesis fundamental del libro del profesor Gutmaro Gómez Bravo, que se sitúa así deliberadamente fuera de los marcos heredados de la propaganda de guerra y prolongados por la memoria de vencedores y vencidos. De un lado, la ofensiva final que precipita el derrumbamiento republicano, coronada por la magnanimidad hacia aquellos que «no tuvieran las manos manchadas de sangre»; de otro, la negociación frustrada por la traición o la obstinación estéril. El libro, en cambio, nos sitúa ante una descomposición inducida y administrada conforme a la divisa del coronel Ungría, esto es, «ganar la guerra y asegurar la Victoria».
La propuesta descansa sobre una novedosa base documental cuyo núcleo es una serie del Cuartel General del Generalísimo correspondiente al Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), transferida por el Ministerio de Defensa al Archivo General Militar de Ávila en 2020, y dentro de ella los informes agrupados bajo el epígrafe «Enterado S.E.», entregados en mano a Franco por el jefe del servicio y anotados por él en los márgenes. A esa serie se suman las actas del Consejo Asesor, los informes del llamado Servicio Exterior adscrito a la Sección Destacada del teniente coronel Bonell, las actas de las dos reuniones celebradas en el aeródromo burgalés de Gamonal y un amplio arco internacional de archivos alemanes, franceses, italianos y soviéticos. Metodológicamente relevante resulta la crítica sistemática a que el autor somete la documentación de la Fundación Nacional Francisco Franco, que muestra significativas alteraciones en fechas y denominaciones.
El protagonista de la obra es el aparato, y con él su arquitecto, el coronel José Ungría Jiménez. Diplomado por la Escuela Superior de Guerra de París y agregado militar durante más de una década en varias capitales europeas, se había especializado en el «antiextremismo», intercambiando información sobre grupos comunistas con los servicios franceses. Nombrado jefe de los servicios de información franquistas en mayo de 1937, reorganizó las tres áreas existentes —investigación en territorio enemigo, seguridad en vanguardia y contraespionaje en retaguardia—, descentralizándolas y desgajándolas de las operaciones militares, e impulsó como innovación decisiva una policía militar emancipada de la tutela de los civiles. De este modo, el SIPM desplegó en zona republicana una red de sectores de treinta kilómetros con agentes reclutados entre naturales del lugar y un sistema de clasificación del vecindario en fichas que registraban filiación política y social.
La actuación del Consejo Asesor, pantalla civil de ese dispositivo en Madrid, se desplegó en tres registros. El primero fue la guerra psicológica y económica contra la población civil, como revelan sus actas, donde queda documentada la deliberación explícita sobre la prolongación del hambre en la capital «por sus excelentes resultados». También la modulación del tono de las octavillas lanzadas sobre la capital para que el descontento pareciera promovido por los propios líderes republicanos. El segundo fue el político, al ejecutar la unificación del partido único en Madrid y subordinándola a su propia dirección, abriendo de este modo las dos vías de contacto con el enemigo. El socialista Julián Besteiro, por un lado, y el militar Segismundo Casado, por otro, fueron objeto de estos contactos, y el último llegó a recibir un documento de garantía firmado y sellado por el que aseguraban vida y libertad a cuantos colaborasen en la entrega del territorio. Su ambición declarada, expuesta por escrito a Franco, era constituirse en gobierno provisional de la capital hasta la llegada del Ejército. Fue precisamente en este momento cuando fueron frenados por el servicio de información y la negociación política quedó cancelada. El tercero, que sobrevivió al fracaso del segundo, fue logístico. Reconducidos a su función original, garantizaron que el 28 de marzo la ciudad pudiera cambiar de manos sin interrupción de los servicios esenciales. Desactivaron a través de un agente propio en el Comité de Defensa de la CNT el intento anarquista de volar los polvorines. Pero, por encima de todo, en su sesión del 27 de febrero se ocuparon de asegurar la custodia de dos archivos, el de Incautación de Bienes y el de la Caja de Reparaciones, «ya que en él existen los datos que en su día darán a conocer a los diversos denunciantes».
Sobre este trasfondo se comprenden mejor los movimientos del bando derrotado. El 31 de enero de 1939, poco más de un mes antes del golpe de Casado, Vicente Rojo entregaba a Negrín un procedimiento de rendición acompañado de un escrito dirigido a Agustín Muñoz Grandes, su compañero de promoción en Toledo. Aquel mismo día Casado solicitaba una carta de garantía de otro antiguo camarada de armas. El libro documenta después cómo el Servicio Exterior canalizó esa disposición en cuatro entrevistas celebradas en la segunda quincena de febrero, cada una con un informe posterior visado por un analista distinto.
Emerge además, y no es aportación menor, un Besteiro alejado de la imagen que fijó la memoria de ambos bandos: un operador lúcido que gestionaba créditos en el exterior y anotaba de su puño y letra la conveniencia de desistir de todo compromiso firmado «por su completa ineficacia».
La demostración más limpia del volumen es el itinerario de las Instrucciones para la rendición de 6 de febrero. El autor prueba que fueron un ofrecimiento previo y no una respuesta a Casado; y que su rebautizo como Concesiones del Generalísimo se produjo en Gamonal el 23 de marzo, precisamente para no dejar por escrito compromiso alguno. Para entonces la absorción era completa, pues el 22 de marzo, un día después de que Franco autorizase el encuentro, Casado había firmado la orden que rehacía el servicio de información republicano a imagen del franquista. Por añadidura, el texto radiado por el Consejo de Defensa la noche del 26 estaba alterado, con supresión íntegra de lo relativo a la redención de penas. De estas manipulaciones simétricas nacería el canon, pronto coagulado en la versión redactada por Julio Palacios y Antonio Bouthelier, agentes del propio servicio que había llevado a cabo la operación.
En paralelo, el nudo internacional queda reordenado, al probarse que el gabinete británico había resuelto reconocer al gobierno de Franco el 15 de febrero, un día antes de que lord Halifax ofreciera mediación al embajador republicano. La interceptación sistemática de la valija de Negrín explica el retraso fatal de su respuesta. Finalmente, la caída de Madrid se hizo coincidir deliberadamente con la firma por parte del Nuevo Estado del Pacto Antikomintern. De este modo, Gómez Bravo demuestra que la mayor presión para liquidar la guerra vino de las democracias, contra lo que suele sostenerse, y que en este abrupto final no hubo lugar para la amnistía. La distinción entre «engañados» redimibles e «inductores» incorregibles, elaborada desde 1938 con participación directa de la jerarquía eclesiástica y articulada en el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, sustituyó cualquier perdón general por uno condicionado a la adhesión pública y al trabajo forzado.
Gustavo García de Jalón
Esta reseña está disponible en el número 128-129 de la Revista Ábaco.
Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.