➔ Reseña publicada en el nº 128-129 de la Revista Ábaco
Gustavo García de Jalón
Como es sabido, la unificación de las fuerzas políticas sublevadas fue impuesta en abril de 1937, mediante un decreto que las subordinaba al mando único de Francisco Franco. Menos conocido es que en el Madrid republicano la unificación no se consumó hasta el 27 de enero de 1939, al día siguiente de la caída de Barcelona.
El final de la Guerra Civil fue producto de una operación de inteligencia militar planificada y ejecutada desde el Cuartel General de Burgos, cuyo objetivo principal radicaba en asegurar la ocupación ordenada del territorio enemigo, así como de sus instituciones y su población. Tal es la tesis fundamental del libro del profesor Gutmaro Gómez Bravo, que se sitúa así deliberadamente fuera de los marcos heredados de la propaganda de guerra y prolongados por la memoria de vencedores y vencidos. De un lado, la ofensiva final que precipita el derrumbamiento republicano, coronada por la magnanimidad hacia aquellos que «no tuvieran las manos manchadas de sangre»; de otro, la negociación frustrada por la traición o la obstinación estéril. El libro, en cambio, nos sitúa ante una descomposición inducida y administrada conforme a la divisa del coronel Ungría, esto es, «ganar la guerra y asegurar la Victoria».
La propuesta descansa sobre una novedosa base documental cuyo núcleo es una serie del Cuartel General del Generalísimo correspondiente al Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), transferida por el Ministerio de Defensa al Archivo General Militar de Ávila en 2020, y dentro de ella los informes agrupados bajo el epígrafe «Enterado S.E.», entregados en mano a Franco por el jefe del servicio y anotados por él en los márgenes. A esa serie se suman las actas del Consejo Asesor, los informes del llamado Servicio Exterior adscrito a la Sección Destacada del teniente coronel Bonell, las actas de las dos reuniones celebradas en el aeródromo burgalés de Gamonal y un amplio arco internacional de archivos alemanes, franceses, italianos y soviéticos, cada una con un informe posterior visado por un analista distinto. Emerge además, y no es aportación menor, un Besteiro alejado de la imagen que fijó la memoria de ambos bandos: un operador lúcido que gestionaba créditos en el exterior y anotaba de su puño y letra la conveniencia de desistir de todo compromiso firmado «por su completa ineficacia».
La demostración más limpia del volumen es el itinerario de las Instrucciones para la rendición de 6 de febrero. El autor prueba que fueron un ofrecimiento previo y no una respuesta a Casado; y que su rebautizo como Concesiones del Generalísimo se produjo en Gamonal el 23 de marzo, precisamente para no dejar por escrito compromiso alguno. Para entonces la absorción era completa, pues el 22 de marzo, un día antes de que Franco autorizase el encuentro, Casado había firmado la orden que rehacía el servicio de información republicano a imagen del franquista. Por añadidura, el texto radiado por el Consejo de Defensa la noche del 26 estaba alterado, con supresión íntegra de lo relativo a la redención de penas. De estas manipulaciones simétricas nacería el canon, pronto coagulado en la versión redactada por Julio Palacios y Antonio Bouthelier, agentes del propio servicio que había llevado a cabo la operación.
En paralelo, el nudo internacional queda reordenado, al probarse que el gabinete británico había resuelto reconocer al gobierno de Franco el 15 de febrero, un día antes de que lord Halifax ofreciera mediación al embajador republicano. La interceptación sistemática de la valija de Negrín explica el retraso fatal de su respuesta. Finalmente, la caída de Madrid se hizo coincidir deliberadamente con la firma por parte del Nuevo Estado del Pacto Antikomintern. De este modo, Gómez Bravo demuestra que la mayor presión para liquidar la guerra vino de las democracias, contra lo que suele sostenerse, y que en este abrupto final no hubo lugar para la amnistía. La distinción entre «engañados» redimibles e «inductores» incorregibles, elaborada desde 1938 con participación directa de la jerarquía eclesiástica y articulada en el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, sustituyó cualquier perdón general por uno condicionado a la adhesión pública y al trabajo forzado.
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