FOTO: Viaducto sobre el Narcea en las obras de la autovía A-63 (Asturias). © Feranza (CC BY-SA 4.0). Fuente: Wikimedia Commons
➔ Resumen del artículo publicado en el nº 17-18 de la Revista Ábaco
Mercedes Pardo
Profesora de Sociología de la Universidad de Navarra y coordinadora de la Red de sociólogos de medio ambiente.
España tuvo que devolver 27.500 millones de pesetas a la Comunidad Europea por no haber realizado las evaluaciones de impacto ambiental obligatorias de ciertas carreteras, y dejó de recibir otros 40.000 millones por el mismo motivo. Con ese dato arranca Mercedes Pardo un análisis del estado de la evaluación de impacto ambiental (EIA) en España, en vísperas de la transposición de la nueva directiva comunitaria, prevista para marzo de 1999.
La autora explica cómo el concepto de impacto ambiental ha evolucionado desde un enfoque casi exclusivamente biofísico, nacido en los Estados Unidos en los años sesenta, hasta una concepción más amplia en la que lo social tiene un peso decisivo. Repasa después los puntos débiles de la práctica española desde la legislación de 1986: el carácter supuestamente preventivo de unas evaluaciones que llegan tarde, las consultas previas y el estudio de aceptación social, la calidad de los estudios, las medidas correctoras y el procedimiento administrativo.
Ante los borradores de la nueva normativa y la futura directiva sobre evaluación de planes y programas, Pardo ve una oportunidad para un debate social que permita superar las deficiencias del sistema y apuesta por una participación real de la ciudadanía.
El artículo completo está disponible en el número 17-18 de la Revista Ábaco.
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