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➔ Extracto del artículo publicado en el nº 125-126 de la Revista Ábaco
Manuel de la Iglesia-Caruncho
Doctor en Ciencias Económicas
Universidad Complutense de Madrid (España)
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha tenido derivadas enormes en los aconteceres de la región. La política de Washington hacia América Latina ha recuperado, sin disimulos ni complejos, comportamientos que, al menos en parte, se creían superados. El primero: «América para los americanos», con el que EEUU trata de mantener a China lo más alejada posible de Latinoamérica. El segundo: el «gran garrote» con el que amenazaba Theodore Roosevelt y, llegado el caso, utilizaba para imponer los intereses estadounidenses en el Continente.
Algunos ejemplos de esa vuelta de EEUU a prácticas imperiales: su apoyo financiero a Argentina con la aclaración de que, si en lugar de Milei, gobernase el peronismo, ese apoyo se retiraría; su castigo al Brasil de Lula con el mayor aumento de aranceles del mundo -el 50%-, una penalización no relacionada con cuestiones comerciales; las amenazas contra Venezuela, que incluyen un enorme despliegue de fuerzas militares en el Caribe; la expulsión de las empresas de Hong Kong del Canal de Panamá, bajo la amenaza de anexionárselo de nuevo; el apoyo a Bukele y el uso de sus prisiones para las deportaciones de inmigrantes; el castigo a Petro retirándole la visa de entrada a los EEUU por no alinearse con su agenda; o las amenazas, incluso a sus aliados como el ecuatoriano Noboa o la peruana Boluarte, por su reticencia a cerrar las puertas a China cuando a sus empresarios les van bien los negocios con esa potencia. Así que, el principal propósito de Trump hacia la región se muestra con toda claridad: cortar los crecientes vínculos con China. Tiene lógica si se considera que, en 2024, todos los países de Sudamérica, excepto Colombia y Paraguay, mantenían un mayor volumen de comercio con China que con EEUU.
A este motivo para la nueva irrupción de EEUU en la región se añaden otros, como el control de la emigración y la de acabar con las experiencias democráticas progresistas en el Continente. Las interferencias de Washington no son la única razón para el ocaso de los gobiernos progresistas, pero refuerzan las alternativas conservadoras. Ahora bien, la excusa repetida como un mantra para justificar las interferencias de Washington, y que enmascaran en parte los verdaderos propósitos, es la lucha contra las drogas.
Véanse como están las cosas por grupos de países.
Países con gobiernos democráticos y progresistas hasta fines de 2025: Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Uruguay y Honduras
Bolivia
El Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernó durante casi dos décadas este país, perdió aparatosamente las elecciones celebradas en octubre pasado, las cuales ganó Rodrigo Paz, líder del centrista Partido Demócrata Cristiano. Después del enfrentamiento fratricida protagonizado en el seno del MAS por Luis Alberto Arce y Evo Morales, quien nunca se resignó a dejar de ser presidente, ese resultado estaba cantado.
El MAS ni siquiera consiguió pasar a la segunda vuelta. Otra derecha, la liderada por Jorge Quiroga, ocupó ese segundo puesto. A EEUU le bastó con ser mero espectador de una derrota anunciada.
La interpretación del resultado es clara: el pueblo boliviano, ante el penoso espectáculo ofrecido por el MAS y la crisis económica que esa fuerza no supo atajar, optó por la moderación de Paz, quien se ha mostrado dispuesto a mantener los programas sociales que han mejorado la vida de las comunidades indígenas frente al radicalismo del derechista Quiroga. Se eligió a Paz para no perder por completo los avances logrados con el MAS, incluyendo la dignidad conseguida por las etnias indígenas. Queda al nuevo gobierno el reto no menor de resolver la crisis económica, lo que incluye controlar el precio de los alimentos y mantener la subvención a los combustibles. Y otra cosa: Paz tendrá que decidir sobre la continuidad de los acuerdos alcanzados con China y Rusia para la explotación del litio, el gas y otros recursos.
Chile
En este país también parece imposible la continuidad del gobierno progresista que ha encabezado Gabriel Boric. En noviembre último pasaron a la segunda vuelta de las presidenciales Jeannette Jara, ministra de Trabajo con Boric, vencedora en las primarias que celebró la izquierda, y José Antonio Kast, candidato de la ultraderecha y líder del Partido Republicano. Kast aparcó asuntos que le llevarían a perder votos de la derecha moderada, como el aborto, el cierre del ministerio de la Mujer o el cambio climático, y se concentró en la seguridad y la economía. La irrupción de Johannes Kaiser, con un discurso de ultraderecha puro, ayudó a Kast a aparentar más moderación y facilitó su voto. Las encuestas anticipan su triunfo en la segunda vuelta que se celebrará el 14 de diciembre de 2025 pues contará con los votos de toda la derecha.
La caída de la opción progresista se debe en parte a las dificultades que enfrentó Boric para llevar a cabo un programa de transformaciones sociales en favor de las mayorías, dificultades relacionadas con la vigencia de la Constitución de Pinochet -que aún no ha podido ser sustituida-, la cual otorga al Estado un papel subsidiario en la economía; y, por otra parte, al fuerte poder de la derecha, opuesta siempre a cualquier conquista popular. Los logros de Boric, como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la mejora de las pensiones, no han sido suficientes para contrarrestar la opinión negativa que la derecha ha instalado sobre su gobierno centrando el discurso en la inseguridad y la inmigración.
Kast ya ha anunciado un gran recorte de impuestos y un severo ajuste fiscal y relegará la posibilidad de reforzar el papel social y económico del Estado para favorecer la inversión pública, la innovación, la educación y el apoyo a la pequeña empresa.
Brasil
La Corte Suprema de este país condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado en 2022, cuando perdió las elecciones frente a Lula. La reacción de Trump no se hizo esperar: aumentó un 50% los aranceles a los productos brasileños, sancionó a ocho de los once jueces que componen la Corte Suprema de Justicia de Brasil retirándoles las visas y aplicó sanciones adicionales a Alexandre de Moraes, el juez encargado del caso. El «arancelazo», como se llama allá, no ha tenido que ver con cuestiones comerciales, pues la balanza comercial y de servicios entre ambos países muestra un enorme superávit para EEUU, sino con el hecho de que Lula resulta muy incómodo para EEUU por su pertenencia a los BRICs, sus críticas al gobierno de Israel o su posición favorable a reducir el papel del dólar en la economía mundial. Brasil, además, ha aprobado regulaciones que afectan a las grandes tecnológicas norteamericanas y, por si fuera poco, contempla la construcción de un corredor ferroviario bioceánico con Perú y la participación de empresas chinas. Para Trump no puede haber nada peor aunque, como siempre que un país poderoso se enfrenta a sus bravatas —aprenderá algo la UE?-, parece estar aflojando su presión y ha mantenido un par de conversaciones con Lula.
No es fácil que Lula gane las elecciones que se celebrarán en octubre de 2026, aunque las encuestas le dan como favorito. Está a punto de cumplir 80 años y la mayoría social y parlamentaria en Brasil la detentan fuerzas ligadas al agronegocio, el bolsonarismo y las iglesias evangelistas.
El gobernador de Sao Paulo, Tarsicio de Freitas, sería el favorito para suceder a Bolsonaro, aunque Claudio Castro, gobernador de Río, quien el pasado octubre ordenó el operativo policial que acabó con la vida de más de cien personas en dos favelas, puede anunciarse como otro de los candidatos.
Brasil ha acogido en la ciudad amazónica de Belém la reunión de la COP30 en noviembre pasado y Lula ha llevado dos propuestas: la creación del «Fondo de bosques tropicales para siempre» y el «Compromiso de Belém por los combustibles sostenibles».
Sin embargo, la autorización para que la empresa Petrobras explore yacimientos de petróleo en la desembocadura del Amazonas lo ha dejado en una posición incómoda.
Colombia
Las elecciones presidenciales de Colombia se celebrarán en mayo del 2026. Petro muestra algunos logros, como la reforma tributaria, una mínima reducción de la pobreza, la entrega de tierras al campesinado y un mayor respeto a los derechos humanos, pero no sale muy fortalecido por lo que quedó sin cumplir. Entre otros asuntos, la ansiada «Paz Total», pues no ha logrado la desmovilización del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ni la de otras facciones guerrilleras. La violencia sigue presente en Colombia, como muestran los casos del choque en el Catatumbo entre el ELN y disidencias de las FARC por el control territorial, el cual terminó con víctimas mortales y el desplazamiento de docenas de miles de personas; el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe, miembro del Centro Democrático que lidera Álvaro Uribe; el estallido de un camión bomba que dejó varios muertos y decenas de heridos, o el ataque de disidencias de las FARC contra un helicóptero de la policía.
El enfrentamiento de Petro con Trump también pesará en el futuro. El colombiano no ha dejado de criticar al estadounidense por su política con respecto a los derechos humanos, por su apoyo al gobierno de Israel en el genocidio contra Gaza, por el hundimiento de lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe sin someter a juicio previo a sus ocupantes… Trump, por su parte,
ha retirado el visado a Petro bajo la acusación, nada menos, de estar vinculado con el narcotráfico, no permitiéndole ni asistir a las reuniones de Naciones Unidas, y también retiró la certificación de que Colombia coopera en la lucha contra el narcotráfico, lo que podría dificultar el acceso a préstamos internaciones a este país. Petro es, más aún que Lula, la «bestia negra» del Continente para Trump, no en menor medida que Maduro.
Así que, el futuro del gobierno colombiano es incierto, aunque «Pacto Histórico», el partido de Petro, cuenta con reconocidas personalidades, como el senador Iván Cepeda, bien posicionado en intención de voto y ganador de la consulta popular en la izquierda el pasado octubre. En la derecha, la reciente absolución judicial del expresidente Uribe ofrece a este oscuro personaje la posibilidad de postularse de nuevo, aunque su tiempo político se ya escribe en pasado.
Uruguay
Uruguay continúa sin novedad. Orsi, del Frente Amplio, ganó las elecciones el pasado año y mantiene una buena valoración ciudadana, aunque no despierta un gran entusiasmo entre sus seguidores, entre otras razones, porque, como se ha argumentado, la «caja de recursos estatal» quedó vacía después del Gobierno de Lacalle Pou. En cualquier caso, este país sigue destacando por su calidad democrática: según The Economist, es el único con «democracia plena» en Latinoamérica y mantiene una buena distribución de la renta en comparación con los demás países de la región.
Honduras
En las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre, Rixi Moncada, exministra de Defensa y candidata por el partido Libertad y Renovación («Libre»), el de la presidenta actual Xiomara Castro, quedó muy atrás en el número de votos. Los candidatos de la derecha, Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasry (Tito) Asfura del Partido Nacional, dos veces alcalde de Tegucigalpa, van muy empatados, sin que hasta hoy se disponga de los resultados definitivos. Gane quien gane, la derecha volverá a gobernar el país.
Para explicar lo sucedido hay que tener en cuenta, en primer lugar, que Trump amenazó con que si no ganaba Tito Asfura, EEUU no invertiría en el país (y es curioso porque el partido de Asfura gobernó entre 2010 y 2022 con un presidente, Juan Orlando Hernández, que fue detenido, extraditado y condenado a 45 años de cárcel en EEUU por sus vínculos con el narcotráfico; y más curioso aún: Trump ha indultado a Hernández sin explicar bien los motivos). En segundo lugar: el gobierno de Xiomara Castro no fue capaz de lograr mejoras apreciables en la economía, la lucha contra la corrupción o la inseguridad, y no se ha visto libre de acusaciones de corrupción, aunque consiguió cierta reducción de la pobreza y una disminución en las elevadas tasas de homicidios que se producían en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En tercer lugar, bajo la presidencia de Castro, Honduras estableció lazos económicos y relaciones diplomáticas con China, todo un atrevimiento.
Países con dictaduras: Venezuela, Cuba y Nicaragua
Venezuela
Como es conocido, Nicolás Maduro perdió las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024 y se negó a ceder el sillón presidencial al ganador, Edmundo González, quien decidió exiliarse a España. Edmundo triunfó gracias al respaldo de María Corina Machado, la verdadera líder opositora, a quien Maduro, con sus artimañas, inhabilitó para presentarse a las elecciones. Corina ha sido galardonada con el Premio Nóbel de la Paz y se ha refugiado en la clandestinidad.
Habiéndose convertido Maduro en un dictador y llevado al país a la ruina -se estima que más de ocho millones de venezolanos han emigrado en los últimos años-, la política de Trump hacia Venezuela puede acabar convirtiéndolo en un «buen tipo», pues el ansia del presidente de EEUU por derrocarlo, dominar así los mayores campos petrolíferos del mundo y, de paso, cortar la estrecha relación de Venezuela con China, le ha llevado a una escalada de presión inadmisible sobre aquel país. Esa presión incluye el hundimiento de lanchas de presuntos narcotraficantes sin juicio previo, un gran despliegue de tropas en el Caribe, operaciones encubiertas de la CIA y una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro.
Trump acusa a Maduro de liderar el «Cártel de los Soles» pero, en 2023, el propio Trump había declarado: «Cuando me fui, Venezuela estaba al borde del colapso. La habríamos invadido y nos habríamos quedado con todo ese petróleo. Ahora se lo estamos comprando y enriqueciendo a un dictador». También se trata de atajar la relación de este país con China. Venezuela es el principal receptor de préstamos y de inversiones chinos en la región y China le compra el 90% de las exportaciones de petróleo. María Corina Machado ha prometido que, cuando cambie el régimen, se privatizarán todas las petroleras y se dará entrada a las grandes corporaciones norteamericanas del sector.
Junto al pésimo gobierno de Maduro, las medidas de coerción que EEUU aplicó a Venezuela en los pasados años contribuyeron al enorme deterioro del nivel de vida en aquel país. Lula ha descrito el dilema al que llevan las amenazas de EEUU a Venezuela: «No se puede apoyar a Maduro, porque no reconoció el resultado de las elecciones, pero tampoco un ataque militar sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU».
Cuba
La población cubana sigue sometida al doble castigo que representa el acoso norteamericano y un gobierno, el propio, que ha paralizado las reformas económicas, políticas y sociales necesarias para salir de un estancamiento crítico.
Nada más comenzar su segundo mandato, Trump incluyó a la isla en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que dificulta aún más a Cuba el acceso a créditos internacionales y la utilización del sistema financiero internacional. Además, Trump ha reforzado la prohibición de hacer turismo en Cuba a sus compatriotas y ha llegado a impedir el envío de materiales de construcción a damnificados del huracán Óscar.
Por otro lado, el gobierno cubano es incapaz de salir de su parálisis. Las medidas de cambio que comenzó a tomar en su día y que incluyen, entre las más trascendentes, la autorización de crear pequeñas y medianas empresas privadas, no se han visto culminadas. El resultado, además de las penurias que sufre la población, es la pérdida constante de habitantes, sobre todo de jóvenes cualificados. En los últimos años, la emigración por falta de perspectivas ha superado con creces el millón de personas.
Nicaragua
Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen atornillados al poder, pero con dos novedades. La primera es que, preventivamente, persiguen ahora a sandinistas históricos de quienes sospecharían que, en caso de fallecimiento de Ortega, no apoyarían la continuidad de Rosario Murillo en la Presidencia. El primero de esa serie de perseguidos fue Humberto Ortega, el hermano de Daniel, quien había dirigido el Ejército sandinista y quien fue detenido precisamente por pronunciarse en contra de la sucesión dinástica. Humberto falleció al poco tiempo recluido en un hospital militar. A continuación se ha encarcelado al general Álvaro Baltodano y al comandante Bayardo Arce, quienes siempre habían sido fieles a Daniel.
La otra novedad es la represión que se registra fuera de las fronteras contra exiliados opositores y que ha culminado en el asesinato en Costa Rica de Roberto Samcam, mayor del ejército, crimen encargado a un joven sicario costarricense y que se suma a otros casos documentados. Otras manifestaciones de esa persecución son el despojo de la nacionalidad «de iure», bajo la acusación de «traición a la patria», practicada a casi 500 personas; y el despojo de la nacionalidad «de facto», negando a un sinnúmero de opositores los servicios consulares que precisan, como para la renovación de pasaporte. Así se les convierte en apátridas «no oficiales» dificultándoles la posibilidad de acogerse a la protección de otros países y de los organismos internacionales.
Dos casos de gobiernos moderados: México y Guatemala
México
En México nada se explica sin su vecindad con EEUU. Sus exportaciones a ese país superaron en 2024 los 600 mil millones de dólares -el 80% de su comercio exterior se concentra en EEUU-; las remesas que le llegan de allí -a pesar de haberse reducido por las incertidumbres que genera Trump-, alcanzaron el pasado año los 64 mil millones de dólares; y la inversión directa norteamericana -a pesar también de su reducción debido a la política de Trump de «América primero»- superó en el primer semestre de 2025 los 20 mil millones. Así que, Claudia Sheinbaum se ha guiado por el pragmatismo y ha puesto un cuidado exquisito en no caer en las provocaciones de Trump y en sortearlas.
Siempre es difícil encuadrar a México, cuyos gobiernos no son progresistas pero tampoco conservadores. Podría hablarse de una bipolaridad en la política mexicana: se combinan medidas populares, como las ayudas sociales, con políticas económicas que benefician a sus élites y a EE.UU. La prioridad, sin duda, es mantener la colaboración con Washington en los grandes asuntos que preocupan a ambos países, como el comercio, las migraciones o el narcotráfico; cultivar la mayor integración posible con EEUU y Canadá; evitar los aranceles de Trump y la expulsión de los emigrantes ya instalados en EEUU y, por supuesto, una intervención militar de ese país, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, algo que poderosos influencers norteamericanos y creadores de bulos parecen alentar. Por otro lado, para «compensar», México lleva a cabo una política de »gestos» con Cuba y Venezuela. Así, rechazó la concesión del Premio Nóbel de la Paz a Corina Machado, y Sheinbaum no asistió a la Cumbre de las Américas en Dominicana por la exclusión de ambos países.
El gran reto en México sigue siendo, desde hace décadas, el control de la violencia. Sólo en el primer año del Gobierno de Sheinbaum desaparecieron más de 14 mil personas y quedan fosas esparcidas por todo el país con restos humanos sin identificar.
Guatemala
El texto de «Pinceladas» escrito en 2024 terminaba así (perdón por citarme): «Arévalo enfrentará una oposición dura, élites corruptas y «candados cerrados», como el que le dejaron en un presupuesto en el que poco queda para la inversión social». Y así ha sido. Bernardo Arévalo, presidente desde enero de 2024, puso sus prioridades en la lucha contra la corrupción y en reestablecer la democracia; pero, precisamente, la corrupción del Ministerio Público, con la fiscal general Consuelo Porras a la cabeza, la de los jueces aliados a ésta y, por otro lado, el apoyo de personajes corruptos del Congreso y del empresariado actúan, desde la impunidad, contra defensores de la democracia. Es el caso de Luis Pacheco, presidente de un órgano de poder maya kiché en Totonicapán, acusado de terrorismo y asociación ilícita por la fiscalía por liderar las protestas para que se respetasen los resultados electorales cuando el llamado «Pacto de corruptos» trató de anular la investidura de Arévalo. Ahora está en prisión. Y es el caso del periodista José Rubén Zamora, quien lleva encarcelado más de tres años. Allí sigue.
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